Se refiere al artículo 161 de la Ley. El Supremo tribunal consideró razonable el plazo de tres años que se había fijado para la cautelar, pero sostuvo que debe computarse desde 2009 y no desde 2010. Mientras, sigue pendiente de resolución el tema de fondo.

La Corte Suprema de Justicia consideró razonable el plazo de tres años de la medida cautelar que mantiene suspendido, para el Grupo Clarín, el artículo que establece los plazos para la desinversión prevista en la Ley de Medios, pero decidió acortarlo, al computarlo desde 2009 y no desde 2010, como había hecho la Cámara.

Mientras, sigue pendiente de resolución el juicio de fondo iniciado por el Grupo Clarín, que plantea la inconstitucionalidad de ese artículo.

El Estado viene demorando esa causa, por lo cual si la misma no está resuelta en diciembre, al vencimiento de la cautelar, será posible solicitar una ampliación de esa medida, según reconoce la propia Corte.

El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. La jueza Carmen Argibay, quien se encuentra internada desde hace varios días, no firmó la resolución.

Entre los argumentos de su decisión, la Corte señaló que el plazo de 36 meses para la vigencia de la medida cautelar fijado por la Cámara en lo Comercial "no resulta irrazonable y se ajusta a los tiempos" del proceso judicial, "cuya dilucidación no admitiría, en principio, una excesiva prolongación en el tiempo, sin afectar los intereses de ambos litigantes".

Por otra parte, el tribunal señaló que "es dable señalar que la propia autoridad de aplicación no se ha mostrado demasiado apresurada en el proceso de implementación de la normativa en cuestión y ha prorrogado los plazos y suspendido las licitaciones, lo cual contradice en gran medida la afectación que dice sufrir como consecuencia de la decisión del a quo (la Cámara)".

Por lo tanto, agregó el Tribunal, "cabe concluír que la medida dispuesta en autos debe mantenerse con el plazo señalado por la Cámara", "aunque -agregó- esta Corte no concuerda con el modo de cómputo" de ese plazo de 36 meses. En este sentido, el Tribunal señaló que la medida cautelar fue ordenada el 7 de diciembre de 2009, y por lo tanto el plazo se cumple en diciembre de este año.

La Corte recordó que las medidas cautelares son resoluciones jurisdiccionales precarias, no definitivas. Y señaló que cuando las cautelares se hacen ordinarias y sustituyen a la sentencia definitiva, se crea un derecho precario.

Por último, la Corte señaló que "lo aquí decidido en cuanto al plazo de vigencia de la medida cautelar podrá ser revisado en caso de que se verifiquen conductas procesales orientadas a obstaculizar el normal avance del pleito", es decir, que impidan o pongan obstáculos para que el juez de primera instancia se pronuncie sobre la cuestión de fondo: si es inconstitucional o no el artículo 161 de la ley de Medios. (Clarín)